Por qué necesitamos una asignación justa y sostenible de los riesgos.
Los proyectos deben asignar los riesgos a la parte mejor capacitada para gestionarlos.
Esta determinación normalmente parte de una evaluación de la complejidad y el tamaño del proyecto. La complejidad crea más riesgos, mientras que el tamaño aumenta el impacto financiero de la materialización de un riesgo.
En un mercado muy competitivo o cuando el cliente tenga una posición dominante en el sector, puede existir la tentación para el cliente de usar su poder para descargar el riesgo de manera injusta (e insostenible) en sus proveedores. Si bien esto podría conducir a una ventaja asociada a los costos a corto plazo para el cliente, a menudo provoca dificultades a largo plazo. Los proveedores pueden adoptar una postura agresiva para mejorar su posición, lo que genera conflictos, relaciones tensas y contratiempos en el proyecto.
Una asignación justa y sostenible de los riesgos armoniza los intereses de los clientes y los proveedores y fomenta un entorno cooperativo entre múltiples contratos que abarcan las relaciones con diferentes proveedores que prestan servicios para diversos aspectos del proyecto, desde el diseño hasta las operaciones.
Estas opciones se complementan además con cláusulas contractuales opcionales que les permiten a las partes abordar los problemas con antelación, al tiempo que permiten que los contratos reflejen las prioridades de política pública, como el pago justo o las disposiciones de contenido local. El conjunto también admite contratos marco y opciones de diseño, construcción y operación.
La asignación de riesgos no es lo mismo que la gestión de riesgos. Es esencial que las partes del proyecto colaboren para garantizar que los problemas se identifiquen y aborden tan pronto como surjan. El proyecto debe tener una visión única de los riesgos en vivo y de cómo se gestionarán. Esta visión compartida debe extenderse a las repercusiones de cualquier medida tomada para el presupuesto del proyecto, su cronograma de entrega y la calidad de lo que se entregará.
La base del contrato NEC es la obligación que tienen todas las partes “de actuar con un espíritu de confianza mutua y cooperación”. Esta obligación cobra vida gracias al exclusivo proceso de alerta temprana de NEC. Se trata de un proceso de gestión de riesgos que requiere que todas las partes se avisen mutuamente y de manera temprana sobre los asuntos que puedan afectar los costos del proyecto, demorar su culminación o afectar el desempeño del trabajo operativo.
Es necesario mantener un registro de los asuntos de alerta temprana, y celebrar reuniones periódicas de alerta temprana para elaborar estrategias y asignar las medidas necesarias para mitigar los riesgos identificados.
El contrato requiere la actualización del programa de entrega y las previsiones presupuestarias para reflejar el impacto de las medidas
acordadas, lo que garantiza una única fuente de verdad sobre el estado del proyecto.
El contrato también incluye una lista completa de eventos de compensación, donde se describen situaciones que otorgan al proveedor el derecho a tarifas adicionales o prórrogas. Existe un proceso claro para registrar estas reclamaciones, con el objetivo de resolver los conflictos rápidamente y sin recurrir a acciones legales. En el contrato, se describen los pasos que involucran a representantes de alta dirección, adjudicares y posibles tribunales para la resolución de litigios.
Además, NEC ofrece la opción de designar una Junta de Prevención de Disputas, compuesta por miembros que inspeccionan de manera periódica el trabajo en curso. Esta junta identifica los posibles litigios desde el inicio y brinda recomendaciones no vinculantes para resoluciones justas que beneficien a ambas partes, con el objetivo de evitar que los conflictos se intensifiquen.